Es PosibleEs Posible
¿Es posible? Lo que ya se acaba de demostrar.
El 31 de diciembre de 2025 escribí que el gobierno de López Obrador se encaminaba a ser señalado por crímenes de lesa humanidad.
Me dijeron exagerado. Ofensivo. Intelectualmente deshonesto.
El 24 de septiembre de 2026, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley publicó un expediente con 337 periodistas y defensores asesinados durante su sexenio. Y concluyó que hay elementos para que la Corte Penal Internacional abra un examen preliminar por el crimen de lesa humanidad de persecución.
La Haya es una vía. Pero Washington castigó a esa Corte con sanciones. Así que la pregunta real es otra: qué hace Estados Unidos con este expediente, cuando López Obrador ya tiene abierto en Washington otro, por otro lado.
Esto es lo que quiero que entienda.
Dos expedientes sobre el mismo sexenio, en dos jurisdicciones, que hasta hoy nadie había puesto uno al lado del otro. Uno mide cómo se persiguió a quien documentaba el poder. El otro, de dónde venía el dinero del poder.
Este análisis no lo paga un gobierno, ni un partido, ni un anunciante. Lo paga quien lo lee. Si lo compartes y se recauda, te llevas el cuarenta por ciento.
Así describe el centro de Berkeley una impunidad que midió entre 93 y 99 por ciento durante el sexenio: una ausencia de consecuencias tan sistemática que funcionaba como mensaje.
Lo que sigue pone esa cifra junto a lo que escribí en 2025, y junto a lo que Washington ya tiene abierto sobre el mismo sexenio.
No lo dice un partido. Lo dice el Centro de Derechos Humanos de una de las facultades de derecho más importantes de Estados Unidos, con una plataforma probatoria pública.
El informe se llama Bajo ataque: persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México. Cubre del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. El sexenio completo.
Documenta 337 víctimas asesinadas: 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos. La cifra de periodistas es mayor a la que había registrado Artículo 19, que contaba 46 o 47 en el mismo periodo. Analiza 75 expedientes de homicidios, desapariciones forzadas y violencia física grave. Revisa, con apoyo de inteligencia artificial, 1,437 mañaneras, y aísla 2,827 segmentos con lenguaje estigmatizante contra la prensa: "prensa fifí", "chayoteros", "hampa del periodismo".
Mide una impunidad de entre 93 y 99 por ciento. Y documenta el espionaje con Pegasus desde la Secretaría de la Defensa, el primer cliente internacional de NSO Group, pese a que López Obrador sostuvo durante años que su gobierno había terminado con el espionaje.
Lindsay Freeman, quien encabezó la investigación, lo resumió en una frase: se les trató como enemigos del Estado por exigir cuentas al poder.
Hay que ser exacto, porque la exactitud es lo único que impide que este tema vuelva a convertirse en grito.
Berkeley no dice que la Corte Penal Internacional haya abierto una causa. No dice que un juez haya emitido una orden. Dice algo más sólido: que el expediente reúne los elementos para que la Fiscalía de la Corte abra un examen preliminar por el crimen de lesa humanidad de persecución, previsto en el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma.
La persecución no exige que cada acto sea un asesinato. Exige una privación grave de derechos fundamentales, dirigida contra un grupo identificable por motivos políticos, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil. Vida, integridad, privacidad, libertad de expresión. El daño no se mide en un solo expediente. Se mide en la suma.
No lo digo ahora porque el titular me conviene. Lo escribí cuando todavía era más cómodo decir que era una comparación prohibida. Cada cita lleva a la publicación original.
Leer el texto original en X →Este texto no busca convencer a los convencidos ni provocar a los fanáticos. Busca dejar registro. Porque la historia no se equivoca dos veces por ignorancia, sino por negación.
Y cuando una sociedad se niega a ver los paralelos, suele descubrirlos demasiado tarde, caminando entre las ruinas que juró que nunca existirían.
Mi objetivo es ver cómo con métodos diferentes y siglos diferentes, pero con estructuras totalmente alineadas a la obtención del control político absoluto, se llegan a crímenes de lesa humanidad, unos usando al Estado como genocida y otros, permitiendo que el Estado sea comprado por el narcotráfico.
El autoritarismo moderno no siempre viste uniforme militar; a veces se disfraza de "folclore" y "humanismo" mientras entrega las llaves del país a poderes fácticos.
Los narcos operan igualitos a los nazis, ya con campos de concentración y hornos crematorios igual a Auschwitz, solo que en México.Ver la publicación original →
Hechos por los narconazis.Ver la publicación original →
Segundo campo de concentración y hornos crematorios aparecen en Reynosa. El mismito sistema nazi.Ver la publicación original →
Andrés Manuel López Obrador no es Hitler. Pero entendió algo que el Estado nazi aprendió muy pronto: destruir al adversario dentro de la ley es más eficaz que hacerlo fuera de ella. No genera mártires inmediatos y mata toda disidencia.Ver la publicación original →
No se prohibieron voces, se usó al narco para matarlas; no se encarceló masivamente a periodistas, se les señaló desde la mañanera para luego aparecer asesinados; no se anuló formalmente la libertad de expresión, se la convirtió en el deporte de mayor riesgo, peligroso y mortal.Ver la publicación original →
El 31 de diciembre de 2025 te compartí por qué el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum se encaminaban a ser declarados regímenes que cometían crímenes de lesa humanidad. No fue exageración: fue prescribir lo que era evidente que iba a suceder.Ver la publicación original →
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada alerta sobre las desapariciones en México como posible crimen de lesa humanidad.Ver la publicación original →
Marzo de 2025. Diciembre de 2025. Abril de 2026. Septiembre de 2026, Berkeley.
Quien lea el informe y luego lea el párrafo del 31 de diciembre no está ante una coincidencia retórica. Está ante el mismo mecanismo descrito en dos idiomas: el del analista político y el del abogado penal internacional.
Los mecenas de Es Posible leen primero lo que viene: las investigaciones completas, las denuncias ante autoridades de Estados Unidos y cada micrositio con su audio.
El 31 de diciembre de 2025 anticipé el primer reflejo defensivo. Lo cito completo, porque es la respuesta de hoy:
Nadie aquí equipara moralmente a Hitler con López Obrador ni trivializa el Holocausto. Lo que se compara no es el crimen final, sino el mecanismo previo que lo hace posible: la construcción del enemigo, la anulación del individuo, la propaganda como sustituto de la verdad y la normalización de la violencia como costo político. La historia no empieza en Auschwitz; empieza mucho antes, cuando la sociedad acepta que hay vidas que valen menos que el proyecto.
Berkeley trabaja exactamente sobre ese mecanismo previo. No necesita probar un exterminio para activar el Estatuto de Roma. Necesita probar un ataque sistemático, un grupo identificable y una privación grave de derechos.
Así se ven los dos textos, uno al lado del otro:
"Se les señaló desde la mañanera para luego aparecer asesinados."
2,827 segmentos estigmatizantes en 1,437 mañaneras. Periodistas señalados por nombre y después hostigados en redes.
"No se prohibieron voces, se usó al narco para matarlas."
337 periodistas y defensores asesinados. Impunidad de 93 a 99 por ciento.
"Destruir al adversario dentro de la ley es más eficaz que hacerlo fuera de ella."
Espionaje militar con Pegasus sin orden judicial, mientras el presidente negaba el espionaje.
La mañanera no era una conferencia. Era el acto de identificación del blanco. El spyware no era inteligencia. Era persecución. Y la impunidad no era ineficiencia. Era el mensaje.
Quien use la acusación de "banalizar el Holocausto" para no discutir cifras, espionaje, impunidad y 337 nombres está haciendo exactamente lo que describí: sustituir la verdad por una narrativa política absoluta.
Berkeley se concentra en quien documentaba el poder. Mi tesis de 2025 era más amplia, y no la retiro.
López Obrador no creó campos de concentración. Creó algo distinto y no menos devastador: aceptó, normalizó y administró la muerte masiva como costo político. El nazismo utilizó al Estado directamente para matar. El obradorismo cedió el control territorial al crimen organizado. La función es idéntica: la vida individual pierde valor frente al proyecto.
Esa segunda vía la documenté en marzo de 2025, cuando aparecieron en México centros de exterminio y crematorios clandestinos, y la volví a registrar en abril de 2026, cuando el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada alertó sobre las desapariciones como posible crimen de lesa humanidad.
Son dos pistas paralelas. Una mira al periodista señalado en la mañanera y espiado con Pegasus. La otra mira al pueblo entregado al crimen. Berkeley acaba de formalizar la primera. La segunda sigue abierta, y no por falta de muertos.
Mientras Berkeley armaba el expediente de derechos humanos, en Estados Unidos se acumulaba otro sobre el mismo sexenio. Nadie los había puesto juntos. Toda persona mencionada conserva íntegra la presunción de inocencia.
ProPublica documentó que la DEA investigó durante dieciocho meses acusaciones de que traficantes canalizaron cerca de dos millones de dólares a operadores de su primera campaña presidencial. El Departamento de Justicia cerró el caso en 2011 sin concluirlo. López Obrador negó siempre haber recibido dinero.
The New York Times reportó en febrero de 2024 una indagatoria estadounidense sobre acusaciones de que personas cercanas a él recibieron dinero de traficantes antes de la elección de 2018 y ya siendo presidente. La pesquisa quedó archivada. Él lo calificó de falso y la Casa Blanca declaró que no había investigación contra el presidente.
Su hijo confirmó el 13 de agosto de 2026, en una carta a Donald Trump, que Estados Unidos le revocó la visa. Sostuvo que no se le presentaron pruebas de conducta ilegal.
En abril de 2026, agentes federales estadounidenses catearon oficinas de la empresa Ikon en Houston, ligada en reportes periodísticos al círculo del operador Amílcar Olán, a quien la Fiscalía General de la República investiga según confirmó la propia presidenta Sheinbaum.
Su secretario de Gobernación. El Informador y Eje Central reportaron el 9 de junio de 2026 la revocación de su visa estadounidense; su entorno lo rechazó.
Alex Saab se declaró culpable el 15 de septiembre de 2026 en Miami y coopera con el Departamento de Justicia. Operó sesenta y cuatro millones de dólares a través de ocho empresas mexicanas durante el sexenio de López Obrador. Su acuerdo lo obliga a no proteger a ninguna persona con información falsa.
El mismo 15 de septiembre, la Casa Blanca le exigió a México exponer, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios corruptos que han ayudado y facilitado a los cárteles.
Ponga los dos expedientes uno al lado del otro y aparece una sola pregunta: qué pasa cuando la persecución que documenta Berkeley y el dinero que sigue Washington resultan ser del mismo sexenio, del mismo círculo y del mismo poder.
Esa pregunta no la ha hecho nadie. Hasta hoy.
Esta es la veta que nadie ha visto. Y es la que convierte un informe académico en una herramienta.
En febrero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14203, que impone sanciones a la Corte Penal Internacional. La vía de La Haya existe, pero Washington no la va a empujar.
Lo que casi nadie sabe es que Estados Unidos tiene sus propias herramientas para exactamente la conducta que documentó Berkeley. Y ninguna depende de La Haya:
Permite al Tesoro designar a personas extranjeras responsables o cómplices de abusos graves de derechos humanos y de corrupción. Congela bienes y cierra el sistema financiero en dólares. No requiere juicio, ni a la Corte, ni permiso de México.
Permite al Departamento de Estado prohibir públicamente la entrada a funcionarios extranjeros involucrados en violaciones graves de derechos humanos, y a su familia inmediata. La misma herramienta que ya se usa por corrupción.
NSO Group, la empresa que vendió Pegasus a la Secretaría de la Defensa, está en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio desde noviembre de 2021 por actuar contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El instrumento de la persecución ya está sancionado en Washington.
Aquí está la veta. Berkeley construyó la prueba. La ley estadounidense ya tiene el cauce. Una plataforma probatoria pública, con 75 expedientes, cifras verificables y la cadena de mando de la mañanera, es exactamente el tipo de material que se presenta ante el Tesoro y el Departamento de Estado.
Y aquí se cruzan las dos columnas del capítulo anterior. Global Magnitsky cubre abusos de derechos humanos y corrupción en la misma orden. El expediente de la persecución y el expediente del dinero caben en el mismo escrito.
Eso no significa que Washington vaya a actuar. Significa que, por primera vez, alguien puede pedírselo con las dos pruebas juntas.
Un informe académico no es una resolución de La Haya. La Fiscalía de la Corte tendría que decidir si abre un examen preliminar. Eso no debilita los hechos. Debilita la arquitectura política que debería juzgarlos.
El expediente de Berkeley mira a periodistas y defensores. La muerte masiva por omisión y las desapariciones son otra vía, igual de grave, que sigue abierta.
Quien use esa acusación para no discutir cifras, espionaje, impunidad y 337 nombres está sustituyendo la verdad por una narrativa política absoluta.
Lo que sí confirma Berkeley es que la tesis de 2025 ya no puede despacharse como "exageración", "ofensa" o "deshonestidad intelectual".
Esos eran los tres adjetivos que yo mismo puse en la primera línea de aquel texto, para desarmarlos antes de que llegaran. Hoy no hace falta desarmarlos. Los desarmó una facultad de derecho.
El 31 de diciembre de 2025 escribí que aquel texto no buscaba likes. Buscaba dejar constancia. Y cerré con una frase que hoy se lee distinta:
Y cuando una sociedad se niega a ver los paralelos, suele descubrirlos demasiado tarde, caminando entre las ruinas que juró que nunca existirían.
Las ruinas ya estaban. Faltaba el lenguaje jurídico para nombrarlas sin que el poder pudiera fingir que era una metáfora.
Berkeley acaba de prestar ese lenguaje. Washington tiene la ley para usarlo. Y el mismo sexenio ya tiene abierto, en la misma capital, el expediente del dinero.
Yo solo recuerdo la fecha en que lo escribí.